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Fiscales argentinos cuestionan proyecto del Gobierno para elegir y remover a procurador


El ministro de Justicia, Germán Garavano, asistió para defender la reforma.

La presidenta de Familiares de Detenidos y Desaparecidos advirtió sobre el artículo que "deja a total discreción de procurador general de la Nación la continuidad, o no, de áreas fuertemente vinculadas a la protección y tutela de derechos humanos y la persecución de los crímenes de lesa humanidad".

A pesar de contar con el respaldo de los principales espadas parlamentarias del oficialismo y el peronismo, la reforma del Ministerio Público Fiscal -que prevé desbaratar el esqueleto de poder armado por la ex procuradora ligada al kirchnerismo, Alejandra Gils Carbó-, no obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que seguirá el debate el martes que viene, con la decisión de hacerle modificaciones al proyecto.

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Por último, Francescoli asumió su responsabilidad con algunas incorporaciones que no rindieron como se esperaba. Dijo haber mantenido una conversación privada con el Poroto para aclarar la situación y no existan rencores.

La iniciativa lleva las firmas del presidente provisional del Senado, el senador por Cambiemos, Federico Pinedo, de su compañero de bloque, Angel Rozas, y de los peronistas, Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey y del propio Guastavino, en una demostración de que el proyecto no tendrá mayores obstáculos para su aprobación en la Cámara alta.

"La experiencia nacional e internacional genera fuerte consenso sobre la necesidad de que el procurador tenga un plazo", afirmó el ministro y agregó: "Al haber un período más corto, de cinco o siete años, se requiere de mayorías más ágiles" para su designación en el Congreso.

El proyecto apunta a acortar el mandato del procurador general y reducir las mayorías requeridas en el Congreso para su designación y remoción.

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La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) indicó que por el momento hay siete tramos carreteros bloqueados.

En ese contexto, incluso hubo un cruce entre Pichetto y el vicepresidente del bloque PJ-FPV, José Mayans, que también criticó el cambio en el sistema de remoción frente a lo cual el jefe de la bancada respondió: "Podemos evaluar el tema de la remoción para darle estabilidad, pero la verdad es que los dos tercios son para la Corte Suprema". Para su remoción, el proyecto establece que se necesitará el voto de la mayoría absoluta de los senadores y de la mayoría de los presentes, en el caso de la Cámara de Diputados.

En respuesta al reclamo de grupos de Derechos Humanos, encabezado por Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que leyó una carta, los senadores acordaron aclarar en el proyecto que no se podrá disolver la procuraduría de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal.

Otro punto conflictivo fue el período de duración del mandato del procurador, que el proyecto de ley establece en cinco años con la posibilidad de una única reelección por otros dos años.

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Los castigos serían "graduales", y se endurecerían con el paso del tiempo si el gobierno venezolano "continúa reprimiendo a la oposición ".

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